(untitled) (Revista de Investigación UNIVO, 2025)
La presión internacional influyo para que en 1998 entrara en vigor la Ley de Medio Ambiente (LMA) en El Salvador, enfocada en la necesidad de proteger el medio ambiente buscando una gestión más consciente en la administración que el estado debe tener sobre los recursos naturales. Se analiza la labor de la Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la Republica (FGR) y de los Tribunales Ambientales (TA), analizando datos de captura, procedimientos jurídicos y resoluciones emitidas por estas instituciones. Se obtiene que el 88% de las capturas asociadas a delitos ambientales (DA) emitidas por la PNC son en Flagrancia, de este un 46% por delitos en contra de la Flora Protegida, la FGR posee una tendencia al alza de los últimos cinco años (2015 a 2020) de procesos DA, mientras que los Juzgados Ambientales evidencian una débil institucionalidad, las resoluciones emitas por los TA declaran imposición de medidas (58%) en un primer lugar y en un segundo lugar se destacan resoluciones que declaran que las demandas son improponibles (34%). Se concluye que a pesar del esfuerzo de campo y de procesos que se realizan en seguimiento de delitos relacionados al Medio Ambiente y la Naturaleza realizados por PNC y FGR, concluyen en una imposición de medidas (Cautelares, de sesión de acción, de reparación de daños, entre otras) por parte de los TA, pero que el alto porcentaje de estos procedimientos resultan insubsanables y por lo tanto llegan a la incoación judicial.